ESPECIAL Guatemala: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Rodrigo Véliz
Desde Ciudad de Guatemala

El año 2013 vio consolidarse en Guatemala una tendencia establecida un año antes: mayor descontento organizado en las regiones con proyectos mineros y una implacable violencia estatal.

Ha sido el impulso agresivo del gabinete a cargo del ex militar Otto Pérez, con los ministerios de Energía y Minas y el de Gobernación a la cabeza (ambos ligados a redes militares), el que alimentó esta tendencia a la polarización.

En mayo se implementó un Estado de sitio en dos provincias del país, luego de varios enfrentamientos directos entre la población y las fuerzas de seguridad privadas y públicas. La medida no encontró apoyo en el Congreso, donde debía ratificarse, y sólo vio fortalecida la negativa de la población al continuar con las consultas comunitarias y municipales. Y con la población que ha decidido llevar una lucha pacífica, aunque con menor represión, los resultados han sido los mismos.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno. Hay grupos que presionan para que la postura oficial tome fuerza. El mercado minero internacional establece precios fijos para los principales metales. En estas condiciones, la competencia de los principales actores en juego (empresas transnacionales, subsidiarias, países receptores, etc.) reside en la capacidad de manipular los márgenes entre estos precios y los más bajos costos de producción posibles.

Guatemala carece de vastos yacimientos mineros, y lo que ofrece es una bastante laxa Ley Minera y la seguridad, gobierno tras gobierno, de que las inversiones de empresas multinacionales, enlazadas con socios locales, verán rápidas y excelentes tasas de ganancia.

Pero la coyuntura actual presenta un complejo y tirante panorama. Una propuesta del Ejecutivo de una moratoria por dos años a las aprobaciones de licencias mineras está aún engavetada en el Congreso, donde la Gremial de Industrias Extractivas, parte de la poderosa Cámara de Industria de Guatemala, presiona para abortarla.

Para neutralizar la oposición social, el Ejecutivo busca realizar reformas a la actual Ley Minera. Y la idea de una empresa estatal minera con capacidad para absorber la oposición y generar ingresos al Estado ha sido planteada como posibilidad.

Aún más importante, un análisis del Centro de Medios Independientes de Guatemala afirma que las variadas luchas comunitarias que se han desatado en contra de la construcción de hidroeléctricas en distintas regiones han minado la capacidad del Mercado Eléctrico Regional (MER), fundamental para proveer de energía, entre otros, a los grandes proyectos mineros.

Para 2014 está proyectado sacar a licitación la segunda parte del Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET), a cargo de la transnacional colombiana TRECSA, que busca conectar los nuevos proyectos energéticos al MER. Sin PET, el MER pierde capacidad, y con eso las mineras resultan inoperantes. Con esto en mente, el proyecto encontró ya negativas, con estratégicas y masivas movilizaciones en contra.

La lucha alrededor del PET agregaría complejidad y tirantez al momento. Quedará por ver si en el próximo año, que es además pre-electoral, la actual tendencia a la polarización sigue su marcha.

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