ESPECIAL El Salvador: qué le espera al extractivismo en 2014

Katia Henríquez

Tradicionalmente, El Salvador ha incluido la extracción minera metálica como parte de sus actividades económicas regulares. Esta actividad ha dejado de practicarse desde fines de los años 90, con el cierre de la mina San Sebastián, y las nuevas concesiones de explotación metálica están temporalmente detenidas, como respuesta ante la presión de un fuerte movimiento por la defensa del territorio y la vida, vinculado especialmente con el caso de la mina El Dorado, en Cabañas. Desgraciadamente, todo esto no ha sido suficiente para detener la amenaza de deterioro socioambiental y económico vinculadas con la minería en el territorio salvadoreño.

Uno de los casos más impactantes, que describe bien este tipo de actividad en el país, es la mina El Dorado, concesionada a Pacific Rim, donde la población continúa sufriendo numerosos ataques a causa de su defensa de la naturaleza y la vida, llegando al extremo de asesinatos a militantes de derechos humanos, como es el caso de Marcelo Rivera y Dora Alicia Sorto.

Ante la negativa del Estado salvadoreño a esta explotación, Pacific Rim interpuso una demanda de 315 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI. Actualmente, dicho proyecto minero ha pasado a manos de la empresa australiana Oceanagold, que pretende llevar adelante la demanda y la explotación de esa mina.

Frente a esta situación, se ha vuelto urgente la aprobación y el  cumplimiento de una ley que regule la actividad minera, enmarcada en un modelo desarrollista neoextractivista; una ley que vaya más allá de garantizar los beneficios económicos y que persiga el cumplimiento de los derechos humanos y la protección de la naturaleza como fuente de vida de la población.

Los pasos dados hasta ahora por la población organizada, con la presentación en 2006 de un anteproyecto de ley por parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería, compuesta entre otras por comunidades afectadas y ONGs, han sido ignorados. Posteriormente, en 2012, los ministerios de Medio Ambiente y Economía han presentado otro proyecto de ley que únicamente se refiere a la suspensión temporal de obtención de permisos, licencias y concesiones de exploración y explotación. Todo sin plazo fijo y a discreción de ambos ministerios.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en la actualidad El Salvador se prepara para las elecciones presidenciales de este año, las organizaciones salvadoreñas de defensa de Derechos Humanos y la Naturaleza exigen a los/las candidatos/as, así como a los poderes del Estado, que aprueben una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador.

Las devastadoras consecuencias socioeconómicas y ambientales de esta actividad no compensan las ínfimas ganancias económicas (apenas 2% de las regalías) que quedan en manos de una minoría. Es necesario, por lo tanto, contar con una combinación de leyes que prioricen un modelo de vida digna y respetuosa con la naturaleza frente al actual modelo consumista.

* Economista salvadoreña, con maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Vive en el País Vasco (España).

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ESPECIAL Brasil: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Daniel Angelim
desde São Paulo

Mala noticia: desmatamento na Amazônia aumenta 28%

Recentemente fomos impactados com a informação que o desmatamento na Amazônia legal brasileira subiu 28%. Tais números foram fornecidos pelo Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélites (Prodes) e do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe) brasileiros. Os dados pelo ministério do Meio Ambiente (MMA) brasileiro são equivalentes ao período de agosto de 2012 a julho de 2013 e mostram que a área desmatada foi 5.843 quilômetros quadrados.

Os Estados que mais desmataram estão o Mato Grosso (52%) e Roraima (49%), grandes expoentes na produção de soja no Brasil. Quando o cálculo é feito em quilômetros os estados que lideram o ranking de desmatamento são o Pará, com 2.379 quilômetros quadrados, e Mato Grosso, com 1.149 quilômetros quadrados.

A relação entre a recente aprovação de um novo Código Florestal e o aumento no desmatamento é evidente. O novo conjunto de as leis aprovadas foram um retrocesso, principalmente por reduzir áreas protegidas e anistiar proprietários que haviam desmatado áreas reservadas antes de 2008.

A verdade é que infelizmente estes números não surpreendem já que todos os indicativos apontavam tal tendência. No Brasil, o desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de GEEs.

Buena noticia: a construção de um marco para uma transição justa para todos e todas

A Conferência Internacional do Trabalho de 2013 realizou uma importante discussão sobre Desenvolvimento Sustentável, Trabalho Decente e Empregos Verdes, aprovando um documento que estabelece o conceito Transição Justa como um marco fundamental para a construção de um novo modelo de desenvolvimento.

Devido a emergência colocada pela crise ambiental e social, com seus rebatimentos no mundo do trabalho, o movimento sindical internacional e o grupo dos trabalhadores na OIT esteve envolvida em uma agenda de ação que avançou na definição do conceito de Transição Justa como pedra angular rumo à sustentabilidade para todos e todas.

O conceito de Transição Justa é a principal bandeira e aporte do movimento sindical para o processo de transição para um novo modelo de desenvolvimento e necessita em sua implementação de amplas políticas macroeconômicas para a criação de postos de trabalho em setores ambientalmente sustentáveis, abrindo espaço para os trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão vinculados aos “setores mais sujos da economia”. Isto deve ser um resultado de um amplo processo diálogo social setorial combinados negociações coletivas setoriais. Deve-se concentrar os esforços em sectores-chave de maior relevância para a sustentabilidade ambiental tal como a agricultura , a gestão dos recursos hídricos e saneamento, energia , reciclagem, gestão de resíduos, construção e transporte.

O documento aprovado no tripartismo da CIT 2013, reconhece que as normas internacionais do trabalho conformam-se como o elemento central da gestão da transição. Esta é, em última análise um quadro de transição com base em princípios e direitos.

Os resultados fornecem um mandato claro para a OIT, e aos trabalhadores/as, como parte de seus constituintes, protagonizem o processo de negociação internacional entorno do tema da sustentabilidade, assim como dota esta de um plano de ação estratégica que liga o trabalho decente, a erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável e empregos verdes, aumentar a sua capacidade de investigação no campo e integrar esses programas desafia Trabalho Decente nos diferentes países.  

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ESPECIAL Argentina: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Maité Llanos
desde Buenos Aires

Si 2012 fue, 20 años después de la Cumbre de la Tierra, el año en el que el tema ambiental volvió a la agenda latinoamericana a través de Rio+20, 2013 se caracterizó por la ausencia del desarrollo sustentable en los debates políticos y económicos.

A su vez, 2013 fue un año en el que la búsqueda de energías renovables parece haber quedado relegada tras la anunciada nueva ola de combustibles fósiles. En Argentina, el acuerdo de YPF con Chevron para la explotación de petróleo y gas no convencional a través del fracking, pone en riesgo la soberanía y la democracia energética, y anuncia una serie de problemas socioambientales una vez que se ponga en marcha.

Esta nueva ola de explotación de hidrocarburos augura un mal resultado en cuanto al cambio climático, similar al que se obtuvo hace menos de un mes en Varsovia en la COP 19, en la próxima reunión sobre clima que se va a realizar en Lima en 2014 y luego en París en 2015, donde debería renovarse el compromiso para la reducción de emisiones de efecto invernadero.

Sin embargo, 2013 no fue un año de pasividad y resignación. Ese aire fresco que dio la Cumbre de los Pueblos de Rio+20 en 2012 y el concepto instalado de los bienes comunes en el lenguaje de los movimientos sociales parecen haber dado impulso a un nuevo entretejido de vínculos en el el feminismo cumple un papel fundamental. A su vez, el gigante que se despertó en las calles de Brasil en junio pidiendo cambios estructurales, puso en cuestión el ciclo del consumo como modelo de inclusión.

Si el movimiento contra la globalización neoliberal que llevó a la construcción del Foro Social Mundial se creó desde lo global hacia lo local para resistir a acuerdos globales como el de la OMC y foros como el G8, que tendrían impactos directos en la vida de las personas, ahora un nuevo ciclo de luchas que estuvo tejiéndose en estos últimos años parece nacer desde lo local hacia lo global. Allí, los impactos del avance del capitalismo sobre los territorios son más vivamente sentidos y las resistencias emergen frente a la megaminería, el fracking y el avance sobre los bienes comunes, como hemos visto en varios rincones de América Latina en 2013.

La cumbre del clima a fines de 2014 nos pone ante el desafío de lograr que esas resistencias se unan para disputar el modelo de desarrollo de la región, para que el principal eje no sea el control soberano de los recursos naturales sino que este control sea el punto de partida para la gestión participativa de los bienes comunes.

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ESPECIAL Guatemala: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Rodrigo Véliz
Desde Ciudad de Guatemala

El año 2013 vio consolidarse en Guatemala una tendencia establecida un año antes: mayor descontento organizado en las regiones con proyectos mineros y una implacable violencia estatal.

Ha sido el impulso agresivo del gabinete a cargo del ex militar Otto Pérez, con los ministerios de Energía y Minas y el de Gobernación a la cabeza (ambos ligados a redes militares), el que alimentó esta tendencia a la polarización.

En mayo se implementó un Estado de sitio en dos provincias del país, luego de varios enfrentamientos directos entre la población y las fuerzas de seguridad privadas y públicas. La medida no encontró apoyo en el Congreso, donde debía ratificarse, y sólo vio fortalecida la negativa de la población al continuar con las consultas comunitarias y municipales. Y con la población que ha decidido llevar una lucha pacífica, aunque con menor represión, los resultados han sido los mismos.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno. Hay grupos que presionan para que la postura oficial tome fuerza. El mercado minero internacional establece precios fijos para los principales metales. En estas condiciones, la competencia de los principales actores en juego (empresas transnacionales, subsidiarias, países receptores, etc.) reside en la capacidad de manipular los márgenes entre estos precios y los más bajos costos de producción posibles.

Guatemala carece de vastos yacimientos mineros, y lo que ofrece es una bastante laxa Ley Minera y la seguridad, gobierno tras gobierno, de que las inversiones de empresas multinacionales, enlazadas con socios locales, verán rápidas y excelentes tasas de ganancia.

Pero la coyuntura actual presenta un complejo y tirante panorama. Una propuesta del Ejecutivo de una moratoria por dos años a las aprobaciones de licencias mineras está aún engavetada en el Congreso, donde la Gremial de Industrias Extractivas, parte de la poderosa Cámara de Industria de Guatemala, presiona para abortarla.

Para neutralizar la oposición social, el Ejecutivo busca realizar reformas a la actual Ley Minera. Y la idea de una empresa estatal minera con capacidad para absorber la oposición y generar ingresos al Estado ha sido planteada como posibilidad.

Aún más importante, un análisis del Centro de Medios Independientes de Guatemala afirma que las variadas luchas comunitarias que se han desatado en contra de la construcción de hidroeléctricas en distintas regiones han minado la capacidad del Mercado Eléctrico Regional (MER), fundamental para proveer de energía, entre otros, a los grandes proyectos mineros.

Para 2014 está proyectado sacar a licitación la segunda parte del Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET), a cargo de la transnacional colombiana TRECSA, que busca conectar los nuevos proyectos energéticos al MER. Sin PET, el MER pierde capacidad, y con eso las mineras resultan inoperantes. Con esto en mente, el proyecto encontró ya negativas, con estratégicas y masivas movilizaciones en contra.

La lucha alrededor del PET agregaría complejidad y tirantez al momento. Quedará por ver si en el próximo año, que es además pre-electoral, la actual tendencia a la polarización sigue su marcha.

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ESPECIAL México: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Iñigo G. Martínez Peniche
Desde México D.F.

Lo malo: la reforma energética extractivista. Las élites políticas y económicas mexicanas insisten en continuar con el extractivismo energético.

Ante el pico en la producción de combustibles convencionales, su apuesta se ha orientado ahora hacia una reforma energética, aprobada en días recientes, centrada en la explotación de los recursos fósiles no convencionales que quedan en el país: petróleo de aguas profundas, aceite y gas de lutitas. Los nuevos recursos disponibles son más intensivos en términos de generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), además de que los riesgos sociales y ambientales asociados a su explotación son enormes.

La reforma permitirá la participación del sector privado en todas las actividades de la industria energética, garantizando así la continuación de la dependencia del país de los combustibles fósiles. El objetivo es “incrementar la producción actual de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios (Mbd) a 3 Mbd en 2018 y a 3,5 Mbd en 2025…y de gas natural de 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) a 8.000 Mpcd en 2018 y a 10.400 Mpcd en 2025”. El gobierno federal ha pronosticado la explotación de 20 mil pozos anuales para extraer gas y aceite de lutitas (shales).

Lo bueno: la conformación de la Alianza Mexicana contra el FrackingEn agosto pasado, diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas conformaron la Alianza con el fin de alertar a la población sobre la falsa solución energética que representa el gas shale para México.

El conglomerado de organizaciones ha iniciado un intenso trabajo para explicar a la población los impactos sociales, económicos y ambientales negativos que conlleva la explotación de este hidrocarburo no convencional. La principal demanda de la Alianza es que debe aplicarse el principio precautorio y prohibirse la explotación de este recurso debido a que “violenta el derecho humano de acceso al agua y el procedimiento para su extracción requiere grandes cantidades del líquido, contamina los acuíferos y contribuye al calentamiento global”.

Se ha buscado cabildear en distintos medios, incluyendo el Poder Legislativo, para convencer a los diputados que ésta no es una opción sustentable para México.

Las luchas que vienen

Tal vez el mayor desafío que enfrentarán las organizaciones progresistas ambientalistas sea informar y concientizar a la gente de las graves implicaciones ambientales y sociales que tendrá para México la reforma energética recién aprobada.

Se trata de una labor titánica no sólo porque la abrumadora mayoría de los medios masivos de comunicación constituye una parte esencial de la alianza elitista que impuso las modificaciones legales, sino porque buena parte de las zonas en donde se encuentran las reservas fósiles que habrán de ser extraídas están controladas por el crimen organizado transnacional, lo que dificulta sin dudas el activismo medioambiental.

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ESPECIAL Perú: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Luis Rodríguez Salcedo
desde Lima

A mediados de 2013, la ligera caída en los precios internacionales de los commodities que Perú exporta en absoluto significó perdidas mayúsculas para los empresarios del rubro. Es el caso del cobre: hace 10 años, la libra costaba $0.70, en 2012 costó $3.60 y en 2013 bajó a $ 3.20. Algo similar pasó con el oro, que en 2002 costaba $350.00, en 2012 bordeó los $ 1800.00 y en 2013 bajó a $1220.00, marcando su peor momento. Es decir, las mineras siguen teniendo exceso de ganancias. Esto explica que tan solo en el primer semestre de 2013, seis regiones del sur de Perú captasen $2,181.00 millones en inversiones mineras, la mayor parte en proyectos cupríferos.

No obstante este escenario, los grupos de poder económico mineros y extractivos sacaron provecho de la coyuntura y presionaron al gobierno para que tome medidas que los favorezcan, erigiendo la tesis del incentivo a las inversiones como una hoja de ruta para superar la caída de las exportaciones. Así se fortalecería, supuestamente,  la economía peruana frente a la recesión internacional. Para cerrar el círculo de su propuesta, levantaron la necesidad de profundizar la desregulación y la flexibilización laboral generalizando los regímenes laborales especiales. A la fecha, han logrado sus dos objetivos: el gobierno de Ollanta Humala promulgó los Decretos Supremos 054 y 060, y la ley 30056.

En relación a los decretos, existen temas de forma y de fondo. La emisión de este tipo de normas es facultad del presidente, no obstante su impacto en los derechos de los pueblos indígenas, así como en el patrimonio cultural y arqueológico de la nación, y ameritaba un debate en el Parlamento nacional. Asimismo, la emisión de este tipo de normas no puede desnaturalizar ni transgredir las leyes y la Constitución. Y ambos decretos lo hacen.

En relación a los temas de fondo, el objetivo de ambos dispositivos es reducir el tiempo y simplificar los procedimientos administrativos para aprobar proyectos de inversión pública y privada, entre los que se encuentran principalmente los extractivos. La expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológico, será aprobada en 20 días. Este certificado se obviará en el caso de proyectos que se ejecutan sobre infraestructura preexistente, para lo cual basta con presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico que será aprobado en 10 días.

En relación a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el tiempo se reduce a menos de 100 días. Y se establecen sanciones para los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, “demoren” la aprobación de los EIA. Es imposible, lo sabemos, que un expediente técnico como un EIA pueda ser leído, analizado y resuelto en tan poco tiempo. En la práctica se obliga a los funcionarios, incluidos ministros de Estado, a actuar de manera negligente. Se vulneran además otros los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por el Convenio OIT 169, que tiene rango de ley constitucional para el Perú.

A esto se suma la normativa referida al Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios respecto de medidas que los afecten, entre los cuales se encuentran los proyectos extractivos. En la práctica “excluye, de la consulta, a pueblos tribales y no incorpora como pueblos indígenas a las comunidades campesinas y nativas” . A ello se suman otras normas que regulan la base de datos de pueblos indígenas y restringen los criterios objetivos y subjetivos de identificación de estas comunidades.

La ley 30056, que facilita la inversión y el desarrollo productivo y empresarial, en la práctica profundiza el modelo emprendedurista y extractivista primario exportador. El emprendedurismo es la otra cara de la moneda del extractivismo y cierra el círculo de la explotación capitalista.

Como sabemos, las extractivas generan poco empleo (1.5% de la población económicamente activa) y el que crean es bastante precario. A septiembre de 2012, la estructura empresarial se explicaba en más de un 90% por microempresas (con menos de 10 trabajadores que ganan poco y carecen de derechos y beneficios, tal es así que del total de trabajadores en condiciones de pobreza el 89% labora en esta empresas). La precariedad de este tipo de unidades productivas es tal que el 85% de las micro y pequeñas empresas cierran al segundo año de ser creadas por lo cual los trabajadores que trabajan allí transitan entre el empleo precario, el desempleo abierto y el autoempleo. Ello explica el hecho que más del 50% de la población económicamente activa (8 millones de trabajadores/as) laboren como independientes en condiciones de total precariedad.

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