ESPECIAL El Salvador: qué le espera al extractivismo en 2014

Katia Henríquez

Tradicionalmente, El Salvador ha incluido la extracción minera metálica como parte de sus actividades económicas regulares. Esta actividad ha dejado de practicarse desde fines de los años 90, con el cierre de la mina San Sebastián, y las nuevas concesiones de explotación metálica están temporalmente detenidas, como respuesta ante la presión de un fuerte movimiento por la defensa del territorio y la vida, vinculado especialmente con el caso de la mina El Dorado, en Cabañas. Desgraciadamente, todo esto no ha sido suficiente para detener la amenaza de deterioro socioambiental y económico vinculadas con la minería en el territorio salvadoreño.

Uno de los casos más impactantes, que describe bien este tipo de actividad en el país, es la mina El Dorado, concesionada a Pacific Rim, donde la población continúa sufriendo numerosos ataques a causa de su defensa de la naturaleza y la vida, llegando al extremo de asesinatos a militantes de derechos humanos, como es el caso de Marcelo Rivera y Dora Alicia Sorto.

Ante la negativa del Estado salvadoreño a esta explotación, Pacific Rim interpuso una demanda de 315 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI. Actualmente, dicho proyecto minero ha pasado a manos de la empresa australiana Oceanagold, que pretende llevar adelante la demanda y la explotación de esa mina.

Frente a esta situación, se ha vuelto urgente la aprobación y el  cumplimiento de una ley que regule la actividad minera, enmarcada en un modelo desarrollista neoextractivista; una ley que vaya más allá de garantizar los beneficios económicos y que persiga el cumplimiento de los derechos humanos y la protección de la naturaleza como fuente de vida de la población.

Los pasos dados hasta ahora por la población organizada, con la presentación en 2006 de un anteproyecto de ley por parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería, compuesta entre otras por comunidades afectadas y ONGs, han sido ignorados. Posteriormente, en 2012, los ministerios de Medio Ambiente y Economía han presentado otro proyecto de ley que únicamente se refiere a la suspensión temporal de obtención de permisos, licencias y concesiones de exploración y explotación. Todo sin plazo fijo y a discreción de ambos ministerios.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en la actualidad El Salvador se prepara para las elecciones presidenciales de este año, las organizaciones salvadoreñas de defensa de Derechos Humanos y la Naturaleza exigen a los/las candidatos/as, así como a los poderes del Estado, que aprueben una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador.

Las devastadoras consecuencias socioeconómicas y ambientales de esta actividad no compensan las ínfimas ganancias económicas (apenas 2% de las regalías) que quedan en manos de una minoría. Es necesario, por lo tanto, contar con una combinación de leyes que prioricen un modelo de vida digna y respetuosa con la naturaleza frente al actual modelo consumista.

* Economista salvadoreña, con maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Vive en el País Vasco (España).

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ESPECIAL Guatemala: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Rodrigo Véliz
Desde Ciudad de Guatemala

El año 2013 vio consolidarse en Guatemala una tendencia establecida un año antes: mayor descontento organizado en las regiones con proyectos mineros y una implacable violencia estatal.

Ha sido el impulso agresivo del gabinete a cargo del ex militar Otto Pérez, con los ministerios de Energía y Minas y el de Gobernación a la cabeza (ambos ligados a redes militares), el que alimentó esta tendencia a la polarización.

En mayo se implementó un Estado de sitio en dos provincias del país, luego de varios enfrentamientos directos entre la población y las fuerzas de seguridad privadas y públicas. La medida no encontró apoyo en el Congreso, donde debía ratificarse, y sólo vio fortalecida la negativa de la población al continuar con las consultas comunitarias y municipales. Y con la población que ha decidido llevar una lucha pacífica, aunque con menor represión, los resultados han sido los mismos.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno. Hay grupos que presionan para que la postura oficial tome fuerza. El mercado minero internacional establece precios fijos para los principales metales. En estas condiciones, la competencia de los principales actores en juego (empresas transnacionales, subsidiarias, países receptores, etc.) reside en la capacidad de manipular los márgenes entre estos precios y los más bajos costos de producción posibles.

Guatemala carece de vastos yacimientos mineros, y lo que ofrece es una bastante laxa Ley Minera y la seguridad, gobierno tras gobierno, de que las inversiones de empresas multinacionales, enlazadas con socios locales, verán rápidas y excelentes tasas de ganancia.

Pero la coyuntura actual presenta un complejo y tirante panorama. Una propuesta del Ejecutivo de una moratoria por dos años a las aprobaciones de licencias mineras está aún engavetada en el Congreso, donde la Gremial de Industrias Extractivas, parte de la poderosa Cámara de Industria de Guatemala, presiona para abortarla.

Para neutralizar la oposición social, el Ejecutivo busca realizar reformas a la actual Ley Minera. Y la idea de una empresa estatal minera con capacidad para absorber la oposición y generar ingresos al Estado ha sido planteada como posibilidad.

Aún más importante, un análisis del Centro de Medios Independientes de Guatemala afirma que las variadas luchas comunitarias que se han desatado en contra de la construcción de hidroeléctricas en distintas regiones han minado la capacidad del Mercado Eléctrico Regional (MER), fundamental para proveer de energía, entre otros, a los grandes proyectos mineros.

Para 2014 está proyectado sacar a licitación la segunda parte del Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET), a cargo de la transnacional colombiana TRECSA, que busca conectar los nuevos proyectos energéticos al MER. Sin PET, el MER pierde capacidad, y con eso las mineras resultan inoperantes. Con esto en mente, el proyecto encontró ya negativas, con estratégicas y masivas movilizaciones en contra.

La lucha alrededor del PET agregaría complejidad y tirantez al momento. Quedará por ver si en el próximo año, que es además pre-electoral, la actual tendencia a la polarización sigue su marcha.

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ESPECIAL Perú: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Luis Rodríguez Salcedo
desde Lima

A mediados de 2013, la ligera caída en los precios internacionales de los commodities que Perú exporta en absoluto significó perdidas mayúsculas para los empresarios del rubro. Es el caso del cobre: hace 10 años, la libra costaba $0.70, en 2012 costó $3.60 y en 2013 bajó a $ 3.20. Algo similar pasó con el oro, que en 2002 costaba $350.00, en 2012 bordeó los $ 1800.00 y en 2013 bajó a $1220.00, marcando su peor momento. Es decir, las mineras siguen teniendo exceso de ganancias. Esto explica que tan solo en el primer semestre de 2013, seis regiones del sur de Perú captasen $2,181.00 millones en inversiones mineras, la mayor parte en proyectos cupríferos.

No obstante este escenario, los grupos de poder económico mineros y extractivos sacaron provecho de la coyuntura y presionaron al gobierno para que tome medidas que los favorezcan, erigiendo la tesis del incentivo a las inversiones como una hoja de ruta para superar la caída de las exportaciones. Así se fortalecería, supuestamente,  la economía peruana frente a la recesión internacional. Para cerrar el círculo de su propuesta, levantaron la necesidad de profundizar la desregulación y la flexibilización laboral generalizando los regímenes laborales especiales. A la fecha, han logrado sus dos objetivos: el gobierno de Ollanta Humala promulgó los Decretos Supremos 054 y 060, y la ley 30056.

En relación a los decretos, existen temas de forma y de fondo. La emisión de este tipo de normas es facultad del presidente, no obstante su impacto en los derechos de los pueblos indígenas, así como en el patrimonio cultural y arqueológico de la nación, y ameritaba un debate en el Parlamento nacional. Asimismo, la emisión de este tipo de normas no puede desnaturalizar ni transgredir las leyes y la Constitución. Y ambos decretos lo hacen.

En relación a los temas de fondo, el objetivo de ambos dispositivos es reducir el tiempo y simplificar los procedimientos administrativos para aprobar proyectos de inversión pública y privada, entre los que se encuentran principalmente los extractivos. La expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológico, será aprobada en 20 días. Este certificado se obviará en el caso de proyectos que se ejecutan sobre infraestructura preexistente, para lo cual basta con presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico que será aprobado en 10 días.

En relación a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el tiempo se reduce a menos de 100 días. Y se establecen sanciones para los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, “demoren” la aprobación de los EIA. Es imposible, lo sabemos, que un expediente técnico como un EIA pueda ser leído, analizado y resuelto en tan poco tiempo. En la práctica se obliga a los funcionarios, incluidos ministros de Estado, a actuar de manera negligente. Se vulneran además otros los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por el Convenio OIT 169, que tiene rango de ley constitucional para el Perú.

A esto se suma la normativa referida al Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios respecto de medidas que los afecten, entre los cuales se encuentran los proyectos extractivos. En la práctica “excluye, de la consulta, a pueblos tribales y no incorpora como pueblos indígenas a las comunidades campesinas y nativas” . A ello se suman otras normas que regulan la base de datos de pueblos indígenas y restringen los criterios objetivos y subjetivos de identificación de estas comunidades.

La ley 30056, que facilita la inversión y el desarrollo productivo y empresarial, en la práctica profundiza el modelo emprendedurista y extractivista primario exportador. El emprendedurismo es la otra cara de la moneda del extractivismo y cierra el círculo de la explotación capitalista.

Como sabemos, las extractivas generan poco empleo (1.5% de la población económicamente activa) y el que crean es bastante precario. A septiembre de 2012, la estructura empresarial se explicaba en más de un 90% por microempresas (con menos de 10 trabajadores que ganan poco y carecen de derechos y beneficios, tal es así que del total de trabajadores en condiciones de pobreza el 89% labora en esta empresas). La precariedad de este tipo de unidades productivas es tal que el 85% de las micro y pequeñas empresas cierran al segundo año de ser creadas por lo cual los trabajadores que trabajan allí transitan entre el empleo precario, el desempleo abierto y el autoempleo. Ello explica el hecho que más del 50% de la población económicamente activa (8 millones de trabajadores/as) laboren como independientes en condiciones de total precariedad.

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La industria minera versus la distribución del excedente

La estrategia de los gobiernos latinoamericanos progresistas o de izquierda ha puesto énfasis en la producción extractiva como fuente de ingresos. La diferencia en Guatemala tal vez sea que en el seno del Estado no existen aún debates sobre la distribución de ese excedente.

Rodrigo J. Véliz
desde Guatemala

La reconfiguración de la forma en que el territorio guatemalteco se articula con los capitales y los mercados globales ha causado fuertes tensiones y reacomodamientos políticos.

La producción de agrocombustibles, la construcción de una estructura regional de producción, distribución, transmisión y venta de energía eléctrica, y la industria extractiva han sido las principales rutas del aumento acelerado de la Inversión Extranjera Directa (IED) desde 2005. Por otro lado, la presencia de un gobierno con fuerte influencia militar es, en términos sintéticos, una consecuencia de al menos diez años de tensiones, pugnas y antagonismos producto de estos cambios. En esta crisis, cabe mencionar, asoman también problemas históricos latentes como la cuestión de la representatividad y el carácter autoritario del Estado.

Como lo afirma Eduardo Gudynas, la estrategia de política social de los gobiernos progresistas o de izquierda de América Latina ha puesto énfasis en la producción extractiva como fuente de ingresos. La diferencia guatemalteca tal vez sea que en el seno del Estado no existen aún los debates sobre la distribución del excedente. Tenemos, como consecuencia, un extractivismo autoritario de viejo cuño, con las peores consecuencias que esto trae: la minería tiene un carácter aún de enclave y ha sido núcleo de múltiples antagonismos por las consecuencias ambientales que ha generado y por la negativa del gobierno y las empresas a escuchar las demandas de la población, expresadas a través de decenas de consultas comunitarias.

El caso de San Rafael Las Flores es parte integral de esta dinámica. Desde el otorgamiento de la licencia de exploración a la empresa en 2011, la población local comenzó un proceso de movilización. Luego de un año 2012 lleno de actos de provocación, en febrero de este año intentaron secuestrar a cuatro de los principales líderes del Parlamento Xinca, provocando la muerte de uno de ellos. Pese a este precedente, en abril el gobierno aprobó el permiso de explotación a Tahoe Resources.

Esto sentó las bases de lo que ocurrió a fines de este abril. En este momento la mina continúa sus operaciones y el estado de sitio, pese a que fue suspendido por no haber sido confirmado por el Congreso, logró ralentizar el ritmo de la resistencia anti minera.

Según datos oficiales, en la actualidad se encuentran en trámite de exploración y explotación 366 proyectos de extracción de materiales metálicos en Guatemala. Si no se encuentran formas consensuadas de abordar estas problemáticas, el cuadro represivo que observamos como patrón del actual gobierno guatemalteco podría, sin dudas, pronunciarse.

Antropólogo, Centro de Medios Independientes de Guatemala.

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El extractivismo autoritario

La tensión cubría el ambiente. Frente a la entrada de la mina San Rafael, en el departamento suroriental de Santa Rosa (Guatemala), se encontraban los vecinos y vecinas xincas y mestizas que llevaban más de veinte días ocupando el lugar en oposición al inicio de las operaciones. Dentro de la mina se apostaba el equipo armado de seguridad de la empresa y rodeando a la población, para completar el cuadro, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil presionaban por el retiro definitivo de los manifestantes.

Rodrigo J. Véliz
desde Guatemala

Minutos después el cuadro había cambiado y, con él, el ritmo de la tensión. Un agente de las Fuerzas Especiales estaba muerto, un campesino yacía también sin vida en el suelo mientras otros seis estaban heridos de gravedad y eran trasladados al hospital más cercano. La población tenía rodeadas a las Fuerzas Especiales, ahora desarmadas, exigiendo una inmediata mesa de diálogo para la solución de la problemática. El humo de la pólvora de los disparos lentamente se disipaba. Refuerzos militares y de la Policía Nacional Civil, por su parte, se aproximaban con celeridad al lugar.

GUATEMALA-MINA

Era abril de este año. Mientras esto ocurría, a un costado de Casa Presidencial, en la ciudad capital de Guatemala, la empresa San Rafael S.A., subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, firmaba un acuerdo voluntario de aporte de 5% de regalías con funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP). El aporte no podía venir en un mejor momento para el gobierno, que se encuentra ante la posibilidad de caer en un agujero fiscal de unos 765 millones de dólares, aproximadamente, equivalente a 1,4% del PIB del país.

La respuesta del gobierno militarista de Otto Pérez Molina fue contundente. Se giraron decenas de órdenes de capturas, se decretó el Estado de sitio en cuatro municipios de dos departamentos de la región, y el ministro de Gobernación, López Bonilla, hizo responsables a dos de los líderes de la muerte del oficial de policía, y los acusaba de secuestro y asociación ilícita con la organización de los Zetas. En sus palabras, «la gente quiso entrar a la fuerza y la seguridad de la mina disparó con balas de goma. Nuestro reporte niega que hayan sido armas de fuego». Sin embargo, los reportes de los hospitales tenían la versión contraria. Los líderes del Parlamento Xinca también ofrecieron su versión, un tanto distinta de la del ministro, sobre lo ocurrido.

Mientras se efectuaban las primeras capturas de pobladores se notificó que Alberto Rotondo, el jefe de seguridad de la minera, había sido apresado en el aeropuerto internacional La Aurora mientras trataba de abandonar el país. El Ministerio Público, ente fiscal del Estado, tenía una orden de captura en su contra porque unas escuchas telefónicas confirmaron que había dado órdenes de disparar contra la población civil: «Maten a esos hijos de la gran puta». Se confirmó, también y de manera bochornosa para López Bonilla, que la muerte del agente de las Fuerzas Especiales había sido a manos de la seguridad de la mina. Pese a esto, Tahoe Resources emitió un comunicado en el que afirmaba que la salida de Rotondo del país, en pleno momento de tensión, había sido una simple coincidencia.

guatemala

Con toda razón puede uno preguntarse: ¿cómo se llegó a esta situación extrema?

La reconfiguración de la forma en que el territorio guatemalteco se articula con los capitales y mercados globales ha causado fuertes tensiones y reacomodamientos políticos. La producción de agrocombustibles, la construcción de una estructura regional de producción, distribución, transmisión y venta de energía eléctrica, y la industria extractiva han sido las principales rutas del aumento acelerado de la Inversión Extranera Directa (IED) desde 2005.

La presencia de un gobierno con fuerte influencia militar es, para ser breve, una consecuencia de al menos diez años de tensiones, pugnas y antagonismos resultantes de estos cambios. Como parte de esta crisis, asoman al mismo tiempo problemas históricos latentes, entre ellos el problema de la representatividad y el carácter autoritario del Estado guatemalteco.

* Antropólogo, Centro de Medios Independientes de Guatemala.

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Amazônia: território em disputa

Espaço conhecido na mídia, nos livros e demais instrumentos de comunicação como um importante patrimônio brasileiro, lugar de ampla biodiversidade, de recursos minerais incalculáveis, possivelmente uma das maiores riquezas do planeta… Nesta dinâmica a juventude procura na Amazônia alternativas sustentáveis que contrapõem a lógica da exploração e expropriação e que valorizam a relação com a terra.

Maria Mirian Ferreira Gomes
desde Marabá (estado do Pará, na Amazônia) 

Falar da Amazônia é sobretudo colocar em evidencias diferentes dinâmicas e relações sociais que acontecem cotidianamente. Lugar onde habitam indígenas, agricultores familiares, posseiros, extrativistas, acampados, Sem-Terra, quilombolas, pescadores, ribeirinhos diferentes atores sociais que constroem histórias individuais e coletivas.

Por ser diversa, a Amazônia, muitas de suas narrativas continuam inviabilizadas, nisto, como diferentes sujeitos constroem, formas diversas de se organizar individual e coletivamente, de produzir e de lidar com o ambiente na sua relação com a terra. Diante dessa diversidade é também lócus de constantes lutas e resistências, de disputas de riquezas naturais e dos territórios em que se constroem e reconstroem dinâmicas sociais no conflito na luta por terra, direitos, dignidade, pelo respeito e permanência dos territórios de quem ali vivem.

Neste contexto está localizada região Sudeste do Pará, que configura-se como território em disputa, marcada por diversas transformações econômicas, sociais, culturais e ambientais desde o seu processo de ocupação.

Por um lado temos o capital com seu segmento agrário, madeireiro, minerador que se manifesta de forma exploratória, por outro é espaço onde aglutina mulheres, homens, jovens e crianças a partir de práticas sustentáveis constroem identidades próprias a partir de uma compreensão de valorização das florestas, do ambiente, de seus territórios, da vida, de uma agricultura familiar sustentável.

Nesta dinâmica se destaca o papel da juventude na busca de alternativas sustentáveis que contrapõem a lógica da exploração e expropriação dos recursos naturais, mas que trabalha numa lógica que valoriza a relação com a terra.

Sobre isso, a quem diga que a juventude é o futuro do país, expressão comumente reproduzida na família, nos espaços públicos, na mídia, na escola e em toda a sociedade… Mais que futuro diríamos que ela é, sobretudo presente, capaz de assumir responsabilidade e de forma ousada criar alternativas aos diversos desafios que condicionam a realidade dos jovens sejam eles do campo ou da cidade.

Agricultora, Militante do Movimento Sindical de Trabalhadores (as) Rurais/FETAGRI-PA.

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