ESPECIAL Bolivia: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Fernando Molina
desde La Paz

En Bolivia, 2013 fue un año extractivista, como casi todos desde 1545, la fecha en la que los españoles descubrieron el Cerro Rico de Potosí y decidieron ocupar este arisco país. Más extractivista que nunca, habría que decir, ya que la explotación de materias primas no renovables pagó el 60% de los gastos estatales, y la exportación de gas fue la actividad económica de mayor crecimiento y la responsable –directa o indirecta– de la mayor parte del crecimiento récord de 6,5% del PIB.

Pero el sentido de este ejercicio es encontrar una noticia, aunque sólo sea una, que pueda considerarse “anti-extractivista”. No ha sido fácil: Bolivia está viviendo la “fiesta de los recursos naturales” y por primera vez en su historia goza de cierta holgura económica, así que lo más “anti-extractivista” que se le ocurre es… industrializar el gas.

Hay una esperanza, sin embargo, al menos en el futuro al que apunta la “agenda patriótica”, el plan de las realizaciones que planteó el presidente Evo Morales a comienzos del año, y que el país debería alcanzar al celebrar el bicentenario de su fundación en 2025.

La agenda consigna el siguiente objetivo: “(En 2025) Bolivia dejará de forma progresiva la herencia colonial y republicana de ser solamente un país hidrocarburífero y minero… será un país productor y transformador de alimentos, proveedor y exportador de energía eléctrica (aprovechando plenamente el potencial hidroeléctrico y desarrollando exitosamente proyectos de energías renovables)…, un país turístico, artesanal y manufacturero, productor y exportador de productos alimentarios únicos y de otros de consumo masivo y con alto valor agregado, articulador de servicios de comunicación y transportes y contará con valiosos recursos humanos con conocimientos científicos y tecnológicos…”

Este plan no llega a prescindir de los recursos no renovables, que tan importantes son en la realidad. Mucho menos puede prescindir de ellos la gestión gubernamental, que este año ha consistido, en el área petrolera, en el impulso a la exploración de nuevos yacimientos de gas por parte de empresas de Francia, Rusia, Gran Bretaña y Brasil… Los contratos firmados con estas empresas las autorizan a trabajar en las áreas protegidas de Azero, Huacareta, El Dorado Oeste, Isarzama y San Miguel, entre otras. En total, 10 de las 22 áreas protegidas de rango nacional sufrirán una intervención contraria a las normas ambientales y podrían resultar dañadas por el uso de dinamita en los ríos. Su destino podría ser mucho peor si se hallara gas en ellas.

Pese a ello, el renovado interés prospectivo del gobierno es considerado sumamente insuficiente o incluso insignificante según los expertos petroleros, quienes creen que Bolivia tendría que multiplicar por diez su inversión en exploración si quisiera descubrir suficientes yacimientos nuevos como para abastecer su mercado interno y continuar proveyendo de gas a Brasil y Argentina al ritmo de hoy en diez años, es decir, cuando sus reservas actuales tiendan a agotarse.

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La guerra de las élites extractivistas de América del Norte

Las élites extractivistas norteamericanas están integradas por ejecutivos de organismos internacionales, funcionarios públicos, empresarios y académicos: desde la “mafia de Calgary”, agrupada en torno al primer ministro conservador de Canadá Stephen Harper, pasando por los lobbies petrolero y tecnológico en Estados Unidos, hasta el consenso en México para mantener el estatus megaextractivista y rentista de PEMEX.

Iñigo Gabriel Martínez Peniche
Desde México DF (segunda parte)

Este grupo compacto se encuentra cohesionado y vinculado a través de distintas instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, y centros de pensamiento. Los individuos que pertenecen a este selecto grupo colaboran regularmente y mantienen presencia en lugares clave para la toma de decisiones, además de que logran moverse de un lado a otro entre el sector público, el ámbito privado, los organismos internacionales y regionales, los centros de pensamiento (think tanks) y las instituciones académicas.

La influencia de estas élites extractivistas es diferente en cada uno de los países de Norteamérica, lo que da un sentido distinto a las diferentes “guerras energéticas” que se libran al interior de Canadá, Estados Unidos y México.

En Canadá, la llamada “mafia de Calgary”, agrupada en torno al primer ministro conservador Stephen Harper, ha logrado hacer del petróleo y el gas uno de sus principales negocios políticos y económicos. A través de una mezcla de iniciativas legislativas, regulatorias y fiscales, y de un poderoso cabildeo tanto en el nivel nacional como internacional, el gobierno conservador canadiense -que desde 2011 cuenta con la mayoría absoluta parlamentaria- protege y apoya al sector energético extractivo. Entre sus estrategias se incluyen como elementos indispensables la criminalización y la intimidación de las voces críticas al proyecto megaextractivista.

En el caso de Estados Unidos, en cambio, tiene lugar un enfrentamiento sin precedentes entre dos grupos en competencia: por un lado, el llamado lobby petrolero, que sigue defendiendo los combustibles fósiles como la principal forma de hacer negocios, y por otro, el lobby tecnológico, que busca introducir con fuerza en la matriz energética estadounidense las tecnologías asociadas con la generación de energías alternas y renovables, además de hacer del combate al cambio climático una de sus principales principios de acción.

En el caso de México, las élites que favorecen el extractivismo energético buscan mantener y ampliar el control delos recursos y las reservas energéticas estratégicas, buscando capturar cada vez más renta petrolera y mayores utilidades energéticas mediante mecanismos de control cada vez más sofisticados. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en México de alguna manera existe un consenso entre las élites económicas y políticas para mantener el estatus megaextractivista y rentista que se asigna a PEMEX. No parece existir, en cambio, un debate filosófico sobre los límites del desarrollo basado en combustibles fósiles y  las oportunidades de una transición energética postcarbono.

Los diversos arreglos político-institucionales entre las élites, en los que se enmarcan las disputas energéticas en Norteamérica, condicionan las respuestas populares en cada país ante el megaextractivismo. En Canadá ganan terreno los movimientos progresistas en torno a los derechos socio-ambientales y de los pueblos originarios. En Estados Unidos, el movimiento ambientalista y anti extractivista se fortalece a nivel nacional y logra mantener como aliado al presidente Barack Obama en torno a decisiones fundamentales como la construcción del oleoducto Keystone XL, que intenta llevar petróleo sucio desde la provincia de Alberta hasta los centros refinadores en Texas.

En el caso de México, el movimiento social en defensa de la soberanía energética parece más interesado en mantener el statu quo megaextractivista y rentista de PEMEX que en imaginar alternativas de desarrollo sostenible para la transición energética.

Hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad de México. Es tutor de la Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental de FLACSO México.

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Por qué Estados Unidos quiere tanto a México

El extractivismo energético está en el centro de la discusión en América del Norte. La estrategia regional ha estado dirigida, ante todo, a apoyar la seguridad energética de Estados Unidos y ha implicado la puesta en marcha de una política de máxima extracción y explotación de las reservas energéticas de los socios menores, México y Canadá.

Iñigo Gabriel Martínez Peniche
Desde México DF

El extractivismo es la apropiación -mediante prácticas intensivas- de enormes volúmenes de recursos naturales que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales. A pesar de que el extractivismo ha estado relacionado comúnmente con la minería, el fenómeno es propio también de otros sectores como el energético o de hidrocarburos.

La vinculación entre extracción, producción energética y generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ha sido ampliamente demostrada pero el consumo de recursos naturales continúa creciendo de manera acelerada. Esto se traduce en presiones cada vez mayores sobre el clima, la geología y el medio ambiente, que se acercan a los límites de la sustentabilidad del planeta. Pese a esto, proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) revelan un aumento en la extracción, que podría llegar a triplicarse en 2050.

Un análisis de los movimientos sociales de oposición al mega extractivismo en América Latina identificó 34 casos asociados con la minería energética; 85 casos con la minería metálica y no metálica; 47 casos asociados con el agua; 16 casos con los recursos forestales y la biodiversidad; 27 casos de expansión/afectación de la agroindustria, y 32 casos con los residuos tóxicos.

América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México- también atraviesa enormes transformaciones por el predominio en esos gobiernos de élites extractivistas energéticas. El extractivismo energético, de hecho, se encuentra en el centro de la discusión regional: desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha empezado a tomar forma un proceso silencioso de mega extractivismo asociado con la estrategia de integración energética del subcontinente, comandada por las élites económicas y políticas de la región que disfrutan así de jugosos ingresos.

La estrategia ha estado dirigida, en primera instancia, a apoyar la seguridad energética de Estados Unidos, el socio mayor, y ha implicado la puesta en marcha de una política de máxima extracción y explotación de las reservas energéticas de los socios menores, Canadá y México.

En este sentido, la máxima extracción de recursos hidrocarburíferos no convencionales, cada vez más difíciles de producir, más costosos y de consecuencias ambientales impredecibles, se vuelve la base de la política energética de las élites extractivistas en Norteamérica.

Es el caso de la explotación de arenas bituminosas en el norte de la provincia de Alberta en Canadá; el fracturamiento hidráulico (fracking) para obtener recursos de gas y aceite de lutitas (shale gas/oil) en las cuencas gasíferas de Pensylvania, Texas o Dakota del Norte en Estados Unidos; la exploración y producción de petróleo en las aguas profundas y ultra-profundas del Golfo de México.

Este tipo de producción energética genera presiones ambientales y sociales muy fuertes, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en diversas regiones del subcontinente. Ya sabemos que la extracción y la quema de combustibles fósiles y la consiguiente liberación a la atmósfera de CO2 y otros gases de efecto invernadero son causantes del calentamiento global y del cambio climático, causante a su vez de eventos extremos relacionados con el clima.

En el caso de la extracción shale gas/oil existe además el riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas superficiales con agentes químicos, además de la generación de gases de efecto invernadero y los riesgos de movimientos telúricos, entre otras problemáticas ambientales, sin contar los numerosos conflictos sociales.

* Hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad de México. Es tutor de la Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental de FLACSO México.

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¿Emancipación o dependencia? Los recursos naturales en América Latina

Nos preparamos para el próximo tema del blog, “Extractivismo y desarrollo en América Latina”, con el número 244 de la revista, que recorre las claves del crecimiento reciente en la región: las riquezas naturales y la renacionalización de recursos estratégicos. Sigue leyendo

Mucho más que seis millones de árboles

Impunidad ambiental en Guatemala
por Stephanie Buckhard

Quizás me acusen de ingenua, o de ser romántica y optimista en exceso. Sin embargo, sé que si uso mi vida de la forma más creativa posible, podré recuperar esos miles de segundos de oxígeno perdidos en las talas de bosques, así como el capital natural con el que contamos en Guatemala. Sé que, de esa manera, podré contrarrestar los actos impunes contra la naturaleza.

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Un minuto de silencio para la biodiversidad

Impunidad ambiental en Guatemala (parte I)
por Stephanie Burckhard

Un minuto de silencio para esas 73.148 hectáreas de bosque que se pierden anualmente en mi país, Guatemala. Es un minuto para recapacitar sobre la pérdida de especies que viven allí y todo lo que se ha perdido en los últimos 25 años, aproximadamente un 50% de los bosques que había en 1950.

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