Katia Henríquez
Tradicionalmente, El Salvador ha incluido la extracción minera metálica como parte de sus actividades económicas regulares. Esta actividad ha dejado de practicarse desde fines de los años 90, con el cierre de la mina San Sebastián, y las nuevas concesiones de explotación metálica están temporalmente detenidas, como respuesta ante la presión de un fuerte movimiento por la defensa del territorio y la vida, vinculado especialmente con el caso de la mina El Dorado, en Cabañas. Desgraciadamente, todo esto no ha sido suficiente para detener la amenaza de deterioro socioambiental y económico vinculadas con la minería en el territorio salvadoreño.
Uno de los casos más impactantes, que describe bien este tipo de actividad en el país, es la mina El Dorado, concesionada a Pacific Rim, donde la población continúa sufriendo numerosos ataques a causa de su defensa de la naturaleza y la vida, llegando al extremo de asesinatos a militantes de derechos humanos, como es el caso de Marcelo Rivera y Dora Alicia Sorto.
Ante la negativa del Estado salvadoreño a esta explotación, Pacific Rim interpuso una demanda de 315 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI. Actualmente, dicho proyecto minero ha pasado a manos de la empresa australiana Oceanagold, que pretende llevar adelante la demanda y la explotación de esa mina.
Frente a esta situación, se ha vuelto urgente la aprobación y el cumplimiento de una ley que regule la actividad minera, enmarcada en un modelo desarrollista neoextractivista; una ley que vaya más allá de garantizar los beneficios económicos y que persiga el cumplimiento de los derechos humanos y la protección de la naturaleza como fuente de vida de la población.
Los pasos dados hasta ahora por la población organizada, con la presentación en 2006 de un anteproyecto de ley por parte de la Mesa Nacional Frente a la Minería, compuesta entre otras por comunidades afectadas y ONGs, han sido ignorados. Posteriormente, en 2012, los ministerios de Medio Ambiente y Economía han presentado otro proyecto de ley que únicamente se refiere a la suspensión temporal de obtención de permisos, licencias y concesiones de exploración y explotación. Todo sin plazo fijo y a discreción de ambos ministerios.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que en la actualidad El Salvador se prepara para las elecciones presidenciales de este año, las organizaciones salvadoreñas de defensa de Derechos Humanos y la Naturaleza exigen a los/las candidatos/as, así como a los poderes del Estado, que aprueben una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en El Salvador.
Las devastadoras consecuencias socioeconómicas y ambientales de esta actividad no compensan las ínfimas ganancias económicas (apenas 2% de las regalías) que quedan en manos de una minoría. Es necesario, por lo tanto, contar con una combinación de leyes que prioricen un modelo de vida digna y respetuosa con la naturaleza frente al actual modelo consumista.
* Economista salvadoreña, con maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Vive en el País Vasco (España).
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