ESPECIAL Guatemala: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Rodrigo Véliz
Desde Ciudad de Guatemala

El año 2013 vio consolidarse en Guatemala una tendencia establecida un año antes: mayor descontento organizado en las regiones con proyectos mineros y una implacable violencia estatal.

Ha sido el impulso agresivo del gabinete a cargo del ex militar Otto Pérez, con los ministerios de Energía y Minas y el de Gobernación a la cabeza (ambos ligados a redes militares), el que alimentó esta tendencia a la polarización.

En mayo se implementó un Estado de sitio en dos provincias del país, luego de varios enfrentamientos directos entre la población y las fuerzas de seguridad privadas y públicas. La medida no encontró apoyo en el Congreso, donde debía ratificarse, y sólo vio fortalecida la negativa de la población al continuar con las consultas comunitarias y municipales. Y con la población que ha decidido llevar una lucha pacífica, aunque con menor represión, los resultados han sido los mismos.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno. Hay grupos que presionan para que la postura oficial tome fuerza. El mercado minero internacional establece precios fijos para los principales metales. En estas condiciones, la competencia de los principales actores en juego (empresas transnacionales, subsidiarias, países receptores, etc.) reside en la capacidad de manipular los márgenes entre estos precios y los más bajos costos de producción posibles.

Guatemala carece de vastos yacimientos mineros, y lo que ofrece es una bastante laxa Ley Minera y la seguridad, gobierno tras gobierno, de que las inversiones de empresas multinacionales, enlazadas con socios locales, verán rápidas y excelentes tasas de ganancia.

Pero la coyuntura actual presenta un complejo y tirante panorama. Una propuesta del Ejecutivo de una moratoria por dos años a las aprobaciones de licencias mineras está aún engavetada en el Congreso, donde la Gremial de Industrias Extractivas, parte de la poderosa Cámara de Industria de Guatemala, presiona para abortarla.

Para neutralizar la oposición social, el Ejecutivo busca realizar reformas a la actual Ley Minera. Y la idea de una empresa estatal minera con capacidad para absorber la oposición y generar ingresos al Estado ha sido planteada como posibilidad.

Aún más importante, un análisis del Centro de Medios Independientes de Guatemala afirma que las variadas luchas comunitarias que se han desatado en contra de la construcción de hidroeléctricas en distintas regiones han minado la capacidad del Mercado Eléctrico Regional (MER), fundamental para proveer de energía, entre otros, a los grandes proyectos mineros.

Para 2014 está proyectado sacar a licitación la segunda parte del Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET), a cargo de la transnacional colombiana TRECSA, que busca conectar los nuevos proyectos energéticos al MER. Sin PET, el MER pierde capacidad, y con eso las mineras resultan inoperantes. Con esto en mente, el proyecto encontró ya negativas, con estratégicas y masivas movilizaciones en contra.

La lucha alrededor del PET agregaría complejidad y tirantez al momento. Quedará por ver si en el próximo año, que es además pre-electoral, la actual tendencia a la polarización sigue su marcha.

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ESPECIAL México: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Iñigo G. Martínez Peniche
Desde México D.F.

Lo malo: la reforma energética extractivista. Las élites políticas y económicas mexicanas insisten en continuar con el extractivismo energético.

Ante el pico en la producción de combustibles convencionales, su apuesta se ha orientado ahora hacia una reforma energética, aprobada en días recientes, centrada en la explotación de los recursos fósiles no convencionales que quedan en el país: petróleo de aguas profundas, aceite y gas de lutitas. Los nuevos recursos disponibles son más intensivos en términos de generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), además de que los riesgos sociales y ambientales asociados a su explotación son enormes.

La reforma permitirá la participación del sector privado en todas las actividades de la industria energética, garantizando así la continuación de la dependencia del país de los combustibles fósiles. El objetivo es “incrementar la producción actual de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios (Mbd) a 3 Mbd en 2018 y a 3,5 Mbd en 2025…y de gas natural de 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) a 8.000 Mpcd en 2018 y a 10.400 Mpcd en 2025”. El gobierno federal ha pronosticado la explotación de 20 mil pozos anuales para extraer gas y aceite de lutitas (shales).

Lo bueno: la conformación de la Alianza Mexicana contra el FrackingEn agosto pasado, diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas conformaron la Alianza con el fin de alertar a la población sobre la falsa solución energética que representa el gas shale para México.

El conglomerado de organizaciones ha iniciado un intenso trabajo para explicar a la población los impactos sociales, económicos y ambientales negativos que conlleva la explotación de este hidrocarburo no convencional. La principal demanda de la Alianza es que debe aplicarse el principio precautorio y prohibirse la explotación de este recurso debido a que “violenta el derecho humano de acceso al agua y el procedimiento para su extracción requiere grandes cantidades del líquido, contamina los acuíferos y contribuye al calentamiento global”.

Se ha buscado cabildear en distintos medios, incluyendo el Poder Legislativo, para convencer a los diputados que ésta no es una opción sustentable para México.

Las luchas que vienen

Tal vez el mayor desafío que enfrentarán las organizaciones progresistas ambientalistas sea informar y concientizar a la gente de las graves implicaciones ambientales y sociales que tendrá para México la reforma energética recién aprobada.

Se trata de una labor titánica no sólo porque la abrumadora mayoría de los medios masivos de comunicación constituye una parte esencial de la alianza elitista que impuso las modificaciones legales, sino porque buena parte de las zonas en donde se encuentran las reservas fósiles que habrán de ser extraídas están controladas por el crimen organizado transnacional, lo que dificulta sin dudas el activismo medioambiental.

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ESPECIAL Bolivia: lo mejor y lo peor del extractivismo en 2013

Por Fernando Molina
desde La Paz

En Bolivia, 2013 fue un año extractivista, como casi todos desde 1545, la fecha en la que los españoles descubrieron el Cerro Rico de Potosí y decidieron ocupar este arisco país. Más extractivista que nunca, habría que decir, ya que la explotación de materias primas no renovables pagó el 60% de los gastos estatales, y la exportación de gas fue la actividad económica de mayor crecimiento y la responsable –directa o indirecta– de la mayor parte del crecimiento récord de 6,5% del PIB.

Pero el sentido de este ejercicio es encontrar una noticia, aunque sólo sea una, que pueda considerarse “anti-extractivista”. No ha sido fácil: Bolivia está viviendo la “fiesta de los recursos naturales” y por primera vez en su historia goza de cierta holgura económica, así que lo más “anti-extractivista” que se le ocurre es… industrializar el gas.

Hay una esperanza, sin embargo, al menos en el futuro al que apunta la “agenda patriótica”, el plan de las realizaciones que planteó el presidente Evo Morales a comienzos del año, y que el país debería alcanzar al celebrar el bicentenario de su fundación en 2025.

La agenda consigna el siguiente objetivo: “(En 2025) Bolivia dejará de forma progresiva la herencia colonial y republicana de ser solamente un país hidrocarburífero y minero… será un país productor y transformador de alimentos, proveedor y exportador de energía eléctrica (aprovechando plenamente el potencial hidroeléctrico y desarrollando exitosamente proyectos de energías renovables)…, un país turístico, artesanal y manufacturero, productor y exportador de productos alimentarios únicos y de otros de consumo masivo y con alto valor agregado, articulador de servicios de comunicación y transportes y contará con valiosos recursos humanos con conocimientos científicos y tecnológicos…”

Este plan no llega a prescindir de los recursos no renovables, que tan importantes son en la realidad. Mucho menos puede prescindir de ellos la gestión gubernamental, que este año ha consistido, en el área petrolera, en el impulso a la exploración de nuevos yacimientos de gas por parte de empresas de Francia, Rusia, Gran Bretaña y Brasil… Los contratos firmados con estas empresas las autorizan a trabajar en las áreas protegidas de Azero, Huacareta, El Dorado Oeste, Isarzama y San Miguel, entre otras. En total, 10 de las 22 áreas protegidas de rango nacional sufrirán una intervención contraria a las normas ambientales y podrían resultar dañadas por el uso de dinamita en los ríos. Su destino podría ser mucho peor si se hallara gas en ellas.

Pese a ello, el renovado interés prospectivo del gobierno es considerado sumamente insuficiente o incluso insignificante según los expertos petroleros, quienes creen que Bolivia tendría que multiplicar por diez su inversión en exploración si quisiera descubrir suficientes yacimientos nuevos como para abastecer su mercado interno y continuar proveyendo de gas a Brasil y Argentina al ritmo de hoy en diez años, es decir, cuando sus reservas actuales tiendan a agotarse.

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Un “petro Estado”, una revolución y una guerra

Un recorrido del impacto profundo de los hidrocarburos en América del Norte, desde la explotación de la tercera reserva de petróleo del mundo en Canadá, pasando por la lucha entre los recursos renovables y los combustibles fósiles en Estados Unidos, hasta la exploración en aguas profundas y ultra-profundas del Golfo de México.

Iñigo Gabriel Martínez Peniche
Desde México DF 

¿Qué ocurre en Canadá?

La reestructuración reciente de la economía canadiense, en que la megaextracción y la exportación de petróleo bituminoso juega un papel fundamental, está generando una serie de riesgos económicos, ambientales y geopolíticos para el país. En la última década, Canadá se ha convertido en un centro extractivista mundial y en un “petro-Estado bribón”. La explotación de las arenas bituminosas de Alberta, la tercera reserva probada de petróleo más vasta del mundo, es el proyecto industrial más grande del planeta cuyo desarrollo ya tiene implicaciones en la economía, la política, la diplomacia y el medio ambiente del país.

Las élites extractivistas canadienses buscan de manera desesperada explotar y exportar lo más pronto posible el petróleo bituminoso. Para ello han destinado enormes recursos económicos y tecnológicos, además de realizar un fuerte cabildeo nacional e internacional, para garantizar su salida. Resulta irónico observar cómo la ciudad de Calgary, capital de la provincia de Alberta y sede de las oficinas centrales de las principales corporaciones extractivistas canadienses y globales conocidas como “la mafia de Calgary”, se convirtió en uno de los lugares más afectados por las mayores inundaciones de los últimos años en el oeste canadiense.

Se puede debatir si fueron causadas o no por el cambio climático. Pero es una realidad que la quema de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global, es en parte responsable del derretimiento de hielo en el Océano Ártico, al tiempo que ha habido una creciente evaporación de los océanos que cubren el 70% de la superficie terrestre.

¿Qué ocurre en Estados Unidos?

En Estados Unidos tiene lugar “una revolución y una guerra energética” ligada a dos fenómenos: por un lado, están siendo descubiertas nuevas y vastas reservas de gas y petróleo, antes inaccesibles o imposibles de costear económicamente; por otro lado, una serie de inversiones privadas y programas de apoyo gubernamental están llevando al rápido desarrollo de las energías renovables.

La disputa allí “no es solo sobre los distintos tipos de tecnología. Los dos bandos difieren sobre si la salvación energética se encuentra en la conservación o en la expansión de la producción; en la generación de energía a partir de recursos renovables o de combustibles fósiles no renovables; en la producción a partir de fuentes energéticas descentralizadas, de pequeña escala, o en grandes sistemas centralizados”.

Uno de los elementos de este nuevo escenario es la “revolución del gas y aceite de esquisto (shale gas/ oil). La explotación de estos recursos energéticos se ha vuelto un instrumento de la estrategia hegemónica de esta nación para influir en las políticas energéticas de otros países.

Este tipo de combustibles no convencionales son mucho más difíciles de extraer y caros de producir, además de los impactos ambientales que implican. El megaextractivismo en Estados Unidos se ejemplifica con datos contundentes: hasta el momento se han perforado 75 mil pozos y existen más de 20 mil empresas dispuestas a continuar taladrando.

Quienes confían en la llamada “revolución energética” estadounidense sostienen que esto solo ha sido posible en ese país pues existen condiciones particulares en términos de propiedad de la tierra, atomización de la industria energética, estímulos a la competencia, etc., que no pueden replicarse con facilidad en otras partes del mundo. Los críticos, por su parte, han señalado que el boom energético no es más que una gigantesca y exagerada burbuja construida y estimulada por las poderosas élites extractivistas energéticas comandadas por Wall Street, con fuertes intereses en el sector petrolero, quienes han inflado artificialmente los volúmenes de reservas de esquistos recuperables.

¿Y en México? Continuará…

Hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad de México. Es tutor de la Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental de FLACSO México.

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La guerra de las élites extractivistas de América del Norte

Las élites extractivistas norteamericanas están integradas por ejecutivos de organismos internacionales, funcionarios públicos, empresarios y académicos: desde la “mafia de Calgary”, agrupada en torno al primer ministro conservador de Canadá Stephen Harper, pasando por los lobbies petrolero y tecnológico en Estados Unidos, hasta el consenso en México para mantener el estatus megaextractivista y rentista de PEMEX.

Iñigo Gabriel Martínez Peniche
Desde México DF (segunda parte)

Este grupo compacto se encuentra cohesionado y vinculado a través de distintas instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, y centros de pensamiento. Los individuos que pertenecen a este selecto grupo colaboran regularmente y mantienen presencia en lugares clave para la toma de decisiones, además de que logran moverse de un lado a otro entre el sector público, el ámbito privado, los organismos internacionales y regionales, los centros de pensamiento (think tanks) y las instituciones académicas.

La influencia de estas élites extractivistas es diferente en cada uno de los países de Norteamérica, lo que da un sentido distinto a las diferentes “guerras energéticas” que se libran al interior de Canadá, Estados Unidos y México.

En Canadá, la llamada “mafia de Calgary”, agrupada en torno al primer ministro conservador Stephen Harper, ha logrado hacer del petróleo y el gas uno de sus principales negocios políticos y económicos. A través de una mezcla de iniciativas legislativas, regulatorias y fiscales, y de un poderoso cabildeo tanto en el nivel nacional como internacional, el gobierno conservador canadiense -que desde 2011 cuenta con la mayoría absoluta parlamentaria- protege y apoya al sector energético extractivo. Entre sus estrategias se incluyen como elementos indispensables la criminalización y la intimidación de las voces críticas al proyecto megaextractivista.

En el caso de Estados Unidos, en cambio, tiene lugar un enfrentamiento sin precedentes entre dos grupos en competencia: por un lado, el llamado lobby petrolero, que sigue defendiendo los combustibles fósiles como la principal forma de hacer negocios, y por otro, el lobby tecnológico, que busca introducir con fuerza en la matriz energética estadounidense las tecnologías asociadas con la generación de energías alternas y renovables, además de hacer del combate al cambio climático una de sus principales principios de acción.

En el caso de México, las élites que favorecen el extractivismo energético buscan mantener y ampliar el control delos recursos y las reservas energéticas estratégicas, buscando capturar cada vez más renta petrolera y mayores utilidades energéticas mediante mecanismos de control cada vez más sofisticados. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en México de alguna manera existe un consenso entre las élites económicas y políticas para mantener el estatus megaextractivista y rentista que se asigna a PEMEX. No parece existir, en cambio, un debate filosófico sobre los límites del desarrollo basado en combustibles fósiles y  las oportunidades de una transición energética postcarbono.

Los diversos arreglos político-institucionales entre las élites, en los que se enmarcan las disputas energéticas en Norteamérica, condicionan las respuestas populares en cada país ante el megaextractivismo. En Canadá ganan terreno los movimientos progresistas en torno a los derechos socio-ambientales y de los pueblos originarios. En Estados Unidos, el movimiento ambientalista y anti extractivista se fortalece a nivel nacional y logra mantener como aliado al presidente Barack Obama en torno a decisiones fundamentales como la construcción del oleoducto Keystone XL, que intenta llevar petróleo sucio desde la provincia de Alberta hasta los centros refinadores en Texas.

En el caso de México, el movimiento social en defensa de la soberanía energética parece más interesado en mantener el statu quo megaextractivista y rentista de PEMEX que en imaginar alternativas de desarrollo sostenible para la transición energética.

Hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad de México. Es tutor de la Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental de FLACSO México.

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Por qué Estados Unidos quiere tanto a México

El extractivismo energético está en el centro de la discusión en América del Norte. La estrategia regional ha estado dirigida, ante todo, a apoyar la seguridad energética de Estados Unidos y ha implicado la puesta en marcha de una política de máxima extracción y explotación de las reservas energéticas de los socios menores, México y Canadá.

Iñigo Gabriel Martínez Peniche
Desde México DF

El extractivismo es la apropiación -mediante prácticas intensivas- de enormes volúmenes de recursos naturales que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales. A pesar de que el extractivismo ha estado relacionado comúnmente con la minería, el fenómeno es propio también de otros sectores como el energético o de hidrocarburos.

La vinculación entre extracción, producción energética y generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ha sido ampliamente demostrada pero el consumo de recursos naturales continúa creciendo de manera acelerada. Esto se traduce en presiones cada vez mayores sobre el clima, la geología y el medio ambiente, que se acercan a los límites de la sustentabilidad del planeta. Pese a esto, proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) revelan un aumento en la extracción, que podría llegar a triplicarse en 2050.

Un análisis de los movimientos sociales de oposición al mega extractivismo en América Latina identificó 34 casos asociados con la minería energética; 85 casos con la minería metálica y no metálica; 47 casos asociados con el agua; 16 casos con los recursos forestales y la biodiversidad; 27 casos de expansión/afectación de la agroindustria, y 32 casos con los residuos tóxicos.

América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México- también atraviesa enormes transformaciones por el predominio en esos gobiernos de élites extractivistas energéticas. El extractivismo energético, de hecho, se encuentra en el centro de la discusión regional: desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha empezado a tomar forma un proceso silencioso de mega extractivismo asociado con la estrategia de integración energética del subcontinente, comandada por las élites económicas y políticas de la región que disfrutan así de jugosos ingresos.

La estrategia ha estado dirigida, en primera instancia, a apoyar la seguridad energética de Estados Unidos, el socio mayor, y ha implicado la puesta en marcha de una política de máxima extracción y explotación de las reservas energéticas de los socios menores, Canadá y México.

En este sentido, la máxima extracción de recursos hidrocarburíferos no convencionales, cada vez más difíciles de producir, más costosos y de consecuencias ambientales impredecibles, se vuelve la base de la política energética de las élites extractivistas en Norteamérica.

Es el caso de la explotación de arenas bituminosas en el norte de la provincia de Alberta en Canadá; el fracturamiento hidráulico (fracking) para obtener recursos de gas y aceite de lutitas (shale gas/oil) en las cuencas gasíferas de Pensylvania, Texas o Dakota del Norte en Estados Unidos; la exploración y producción de petróleo en las aguas profundas y ultra-profundas del Golfo de México.

Este tipo de producción energética genera presiones ambientales y sociales muy fuertes, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en diversas regiones del subcontinente. Ya sabemos que la extracción y la quema de combustibles fósiles y la consiguiente liberación a la atmósfera de CO2 y otros gases de efecto invernadero son causantes del calentamiento global y del cambio climático, causante a su vez de eventos extremos relacionados con el clima.

En el caso de la extracción shale gas/oil existe además el riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas superficiales con agentes químicos, además de la generación de gases de efecto invernadero y los riesgos de movimientos telúricos, entre otras problemáticas ambientales, sin contar los numerosos conflictos sociales.

* Hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad de México. Es tutor de la Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental de FLACSO México.

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